Julio César Castiglioni Ghiglino

Al parecer, el anuncio del presidente Alan García respecto de la reducción de sueldos de los alcaldes no fue consultado con el Ministerio de Economía de y  Finanzas (MEF). Personal de este sector indicó que ya se encontraban revisando la forma de fijar la remuneración mensual que recibirán estos servidores públicos, de acuerdo con la Ley 28212 (que les ordena establecer dichos parámetros). Pero esta norma solo señala que la variable a tomar en cuenta será en función de la población electoral de los gobiernos locales y regionales. Es decir, no el nivel de riqueza que puedan tener, como se indicó en el anuncio. Julio Castiglioni especialista en derecho tributario y municipal, respectivamente, coincidieron en señalar que tendría que modificarse la mencionada ley o promulgar una nueva para incluir el factor riqueza como una variable de medición. “Un decreto supremo no puede establecer estos topes. El decreto de urgencia si, pero primero debemos contar con una ley precisa, sino quedará

Julio Castiglioni propuso la creación de una nueva ley. El especialista en derecho tributario Julio César Castiglioni indicó que el decreto supremo anunciado por el presidente de la República. Alán García, que fijará los salarios de los alcaldes y las dietas de los regidores en proporción a los ingresos de sus jurisdicciones “es inconstitucional e ilegal”. “Un decreto sirve para reglamentar la aplicación de una ley, pero no para modificarla. La norma vigente solo establece que los salarios de estos funcionarios (alcaldes y regidores) deben darse en función de la población electoral de su jurisdicción, mas no por la disponibilidad presupuestal de sus municipios, ¿Qué es lo que va a hacer García entonces?”, enfatizó Castiglioni. Asimismo, indicó que lo que debería establecer este nuevo decreto supremo son las escalas numerativas para los alcaldes y regidores. Castiglioni señalo que hay vacios en la ley vigente Nº 28212 y que además de establecer los salarios de los burgoma

El día de hoy en el Diario Oficial “El Peruano” se ha publicado la Ley 28996, Ley de Eliminación de sobre costos, trabas y restricciones a la Inversión Privada la cual es su artículo 3º que modifica el artículo 48º de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que cuando un asunto de competencia de la Comisión de  Acceso al Mercado, la barrera burocrática haya sido establecida en un decreto supremo, una resolución ministerial o una norma municipal o regional de carácter general, dicha comisión se pronunciará mediante resolución disponiendo su inaplicación al caso, concreto, está pretendida modificación es una intromisión más a la autonomía de que gozan los gobiernos locales en materia política, económica y administrativa porque de ser el caso, a juicio del INDECOPI, una ordenanza que tiene rango de ley que solo puede ser enervada su validez ante el Tribunal Constitucional, vía demanda de inconstitucionalidad, puede ser calificada como una barrera burocrátic

Para el experto en derecho municipal Julio César Castiglioni, el decreto de García “alentará la corrupción en los gobiernos locales” y evidencia la falta de “un programa serio y coherente dentro del proceso de descentralización”. Agrega que el decreto supremo es “ilegal”, pues intenta “modificar una ley orgánica como la Ley de Municipalidades”. La referida norma, publicada el 27 de mayo de 2003, indica en sus artículos 12 y 21 que la remuneración de los alcaldes y las dietas de los regidores sólo serán fijadas por los concejos municipales “de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local”. Asegura, además, que el gobierno no precisaba un decreto supremo para poner en cintura los sueldos excesivos de algunos alcaldes. La Ley de Municipalidades facultaba a la Contraloría General, desde 2003, a establecer sanciones si los salarios no se ajustaban a la capacidad económica del municipio. El fileteo salarial afecta con mayor intensidad a las provincias,

Esto se parece a mi distrito, compara Manuel Oviedo mientras ensucia sus zapatos en el  terral de una huaca limeña. El alcalde Ilabaya, Tacna, viste un sobrio pantalón de tela y un polo blanco. Es su indumentaria usual y no sugiere de  manera alguna que es la autoridad del distrito más rico del país. 1,274 alcaldes no podrán ganar más de S/. 2,340. CARETAS, 4 DE ABRIL DE 2007.

Anuncio del presidente Alan García se contradice con norma que está pendiente en el MEF Al parecer, el anuncio del presidente Alan García respecto de la reducción de sueldos de los alcaldes no fue consumado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Personal de este sector indicó que ya se encontraban revisando la forma de fijar la remuneración mensual que recibirán estos servidores públicos, de acuerdo con la Ley 28212 (que les ordena establecer dichos parámetros). Pero esta norma sólo señala que la variable a tomar en cuenta será en función de la población electoral de los gobiernos locales y regionales. Es decir, no el nivel de riqueza que puedan tener, como se indicó en el anuncio. Julio Castiglioni, especialista en derecho tributario y municipal, respectivamente, coincidieron en señalar que tendría que modificarse la mencionada ley o promulgar una nueva para incluir el factor riqueza como una variable de medición. “Un decreto supremo no puede establecer estos topes. El

El Consejo Nacional de Descentralización fracasó porque no se creía en los gobiernos locales, no hay un programa de transferencia de competencia, mucho menos en una realidad donde sólo 600 municipios están acreditados, se debe modificar la estructura orgánica”, señalo Julio César Castiglioni Ghiglino, consultor especializado en derecho municipal y presidente de la Comisión de Abogados de Lima. Julio Castiglioni, quien formará parte del selecto grupo de expositores del V Congreso Nacional  Descentralizado de alcalde y regidores a realizarse en Huancayo los días 29, 30 y 31 del presente, señaló que si los gobiernos locales no logran acreditarse, es porque no cuentan  con los argumentos técnicos, hay que invertir, enviar a los expertos del CND para la elaboración de la gestión en localidades que no cuentan con los recursos necesarios, en nuestro país no existe voluntad política. Advirtió también que “los municipios deben y pueden crear sus propias empresas municipales. Un municip

JULIO CASTIGLIONI EN HUANCAYO. Julio césar Castiglioni, consultor especializado en derecho municipal y presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, quien formará parte del selecto grupo de expositores del V Congreso  Nacional Descentralizado de alcaldes y regidores a realizarse en Huancayo los días 29, 30 y 31 del presente mes, estuvo de visita a esta ciudad. “El Consejo Nacional de Descentralización – CND- fracasó porque no se creía en los gobiernos locales, no hay un programa de transferencia de competencias, mucho menos en una realidad donde sólo 600 municipios están acreditados, se debe modificar la estructura orgánica”, señala. “Si los gobiernos locales no logran acreditarse, es porque no  cuentan con las explicaciones técnicas, hay que invertir, enviar a los expertos del CND para la elaboración de la gestión en localidades que no cuenten con los recursos necesarios, en nuestro país no existe voluntad política”, argumentó. El especialista, e

El Concejo Metropolitano de Lima no debe ser indiferente a los ilícitos penales. Si la municipalidad conoce un ilícito penal que, en este caso es la receptación y venta de celulares robados, más que denunciar el hecho, debería proceder a la clausura de los establecimientos. No sucede así. La licencia de funcionamiento que solicitan los establecimientos se obtiene para un determinado giro. En consecuencia, al vencer productos robados se está desnaturalizando el giro para el cual fue emitida. Además, no existe en ninguna parte del mundo un gobierno local que otorgue licencia para vencer artefactos de dudosa procedencia. El Concejo de Lima, dentro de sus facultades de control y sanción, debería proceder a las clausuras inmediatas de estos locales. Esa es su obligación. Su función no solo radica en otorgar las licencias de funcionamiento, también la fiscalización es su obligación. Se debe realizar inspecciones inopinadas con los técnicos correspondientes y también con las mismas

Ordenanza señala que se puede revocar permisos por venta ilícita. Funcionario edilicio afirma que no se puede verificar si el producto es robado. Ayer, como todos los días, el campo ferial Mesa Redonda de las Malvinas estaba lleno de compradores. Centenares de personas recorrían los pasillos en busca de un determinado modelo de celular. En los apiñados mostradores exhibían aparatos para todos los gustos y bolsillos. Se los podía conseguir desde S/. 30 hasta S/. 900. Solo un pequeño detalle: la mayoría de estos aparatos es de segundo uso viene con línea y nadie entrega factura o boleta cuando se realiza la venta, por la sencilla razón de que tiene un origen o precedencia dudosa, Para la policía está claro que se trata de celulares robados. Mesa Redonda, en Las Malvinas, es el más grande mercado negro de equipos móviles, que opera con total impunidad y hasta con cierto velo de legalidad. Casi todos los puestos que allí funcionan (unos 800) están autorizados por la Municipalidad

La organización administrativa de una entidad como la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá ser ejemplo de idoneidad y funcionalidad. Sin embargo, para expertos en el tema municipal, la estructura de la comuna limeña (ver organigrama), que posee más de 10 gerencias y 14 empresas, es deficiente. BUROCRACIA. Para el abogado Julio César Castiglioni, la organización del referido municipio es disfuncional. “Su estructura orgánica es muy burocrática y no es eficiente porque el sinnúmero de gerencias que tiene no hace sino obstaculizar los trámites administrativos. La reforma del Estado debe alcanzar a los gobiernos locales. Hoy en día, lo que tenemos que buscar, dentro de los organigramas y de las estructuras municipales, es la funcionalidad”, señala Castiglioni. El especialista refiere que, según el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades, todas las gerencias se encuentran bajo el mando del gerente municipal, “Pero el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en un acto qu

Precisan que desde mañana se permitirá el ingreso de vecinos y periodistas. Como todos los jueves, mañana se realizará la sesión de concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Palacio Municipal. Y, a diferencia de las anteriores, en las que ilegalmente se impedía el ingreso de los vecinos y de los periodistas, pese a ser públicas. Una saludable rectificación de la Municipalidad de Lima y que atiende la denuncia formulada por este Diario y por “Perú.21”, a cuyos periodistas no se les permitía ingresar a las sesiones bajo una serie de pretextos, como señalar que estas tenían “carácter reservado”. Sobre este anuncio, Julio César Castiglioni, experto en asuntos municipales, comentó que las autoridades edilicias no están haciendo ningún favor a nadie, sino cumpliendo con lo que claramente dispone la ley. “Han enmendando un error que venían cometiendo desde hace tiempo. Desde el principio se debió permitir el acceso, no recién ahora”, enfatizó. Según el artículo

La ley orgánica señala que esas asambleas deben ser públicas. Concejo dice que secretaría dispuso que fueran reservadas sin dar explicación. Dos versiones tienen los funcionarios del Concejo de Lima para explicar las razones por las que prohíbe el ingreso a periodistas y a vecinos a las sesiones de concejo, que según el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, son públicas. A los hombres de prensa que acuden a cubrir las sesiones les dicen que son privadas (primera razón), como es el caso de los periodistas de El Comercio y de “Perú.21”. Este último lo viene intentando desde hace siete semanas con resultados negativos. Los voceros de prensa de la municipalidad no se encuentran en el momento de solicitar el ingreso para dar mayores detalles. Posteriormente, esos miembros voceros informan, tal como lo comprobó El Comercio, que por orden de la Secretaría General del concejo se dispone que las sesiones sean reservadas, sin precisar las razones. Mecanismo de participación

Cuando en agosto pasado el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley para eliminar las prefecturas y subprefecturas, el Gobierno y los congresistas apristas aseguran que se iba a ahorrar más de 32 millones de soles al año. Seis meses después, cuando se transfería las funciones de prefecturas a los 1.832 gobernadores de todo el país –uno por distrito-, el director de Gobierno Interior de Ministerio del Interior, Javier Morán, precisó que el ahorro iba a ser solo de siete millones de soles, por los sueldos. Sin embargo, la nueva situación es totalmente diferente. Con la eliminación de prefecturas y subprefecturas y la transferencia de sus funciones, lo único que se ha logrado es que los gobernadores financien con su peculio el servicio que presta el Estado a través del otorgamiento de garantías personales y posesorias. Esta situación, según el abogado municipalista, Julio César Castiglioni, podría generar corrupción, ya que al no contar con recursos la posibilidad de que

La autoridad de Independencia se gasta todo su sueldo en oficina y personal. Además de tramitar garantías, quieren trabajar con las municipalidades. Posiblemente, el gobierno del distrito de Independencia, Rubén  Paredes Linares, sea el único que ha alquilado una oficina para sede de la gobernación y uno de los pocos que han contratado una secretaria y que han instalado dos computadoras para cumplir con su nueva tarea. En  todo ello, según él, se gasta 800 soles que el Estado le paga por ser representante del presidente de la República en su distrito, para tramitar los pedidos de garantías personales y posesorias y para recibir las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos o contra cualquier autoridad de su jurisdicción. ¿Pero cómo se mantiene? ¿De qué vive? Paredes dice ser contador y tiene una oficina en la que otras personas trabajan para él. EL COMERCIO, SÁBADO 10 DE FEBRERO DE 2007.

También  fue designado presidente de la Comisión consultiva de Gobiernos Locales del CAL. Uno de nuestros más prestigiados columnistas, el Dr. Julio César Castiglioni fue incorporado el jueves 18 de enero como consultor al servicio del lector del diario El Comercio, específicamente en la sección urbanismo, que s la que abarca todo lo referente a gobiernos regionales, locales y a su problemática. Del mismo modo, el CAL ha designado al Dr. Castiglioni como presidente de la Comisión Consultiva de Gobiernos Locales, comisión a través de la cual expresará su opinión punto de vista, de presentar diversos proyectos de leyes. POLÉMICA MUNICIPAL, SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2007.

El resto atiende en las salas de sus casas o en locales prestados. En comparación con sus colegas de los otros distritos de Lima, el gobernador del Cercado, Javier  Ramos Espinoza, puede considerarse un funcionario privilegiado. De los 43 gobernadores que tiene a metrópoli (uno por distrito, incluido el Cercado), solo él ocupa una oficina  que pertenece al Estado: el local donde funcionó hasta el 31 de enero la Prefectura de Lima. Además es el único que cuenta con nueve trabajadores  remunerados por el Estado, computadoras, televisores, personal de seguridad y hasta recursos asignados. Sin embargo, los demás gobernadores –que tienen su misma jerarquía y funciones y en algunos casos más población y más conflictos sociales que atender –solo cuentan con su sueldo de S/. 800 mensuales. Con parte de esa remuneración deben financiar sus oficinas. En un recorrido realizado por algunos distritos –incluido el Cercado –se pudo confirmar que la mayoría de gobernadores a tiende en su

Abogados municipales opinan que dispositivo favorece la impunidad. Especialistas en derecho municipal coincidieron en criticar la nueva ley que permite a los alcaldes, regidores y presidentes regionales seguir ejerciendo sus cargos a pesar de haber sido condenados por algún delito en segunda instancia. “Es un despropósito”, afirmó Julio César Castiglioni. “Lo único que logrará alentar la impunidad”. Para Julio César Castiglioni presidente de la Comisión de Derecho Municipal del Colegio de Abogados de Lima, lo peor de la norma es que condicional la vacancia a que la sentencia judicial implique mandato de detención. CLAVES. UNA PROPUESTA DE JNE La ley originó en un proyecto del Jurado Nacional de Elecciones que buscaba uniformar los criterios para la vacancia de los alcaldes y de los presidentes regionales. UN TRATO DIFERENTE. La Ley Orgánica de Municipalidades establecía que para declarar la vacancia del alcalde bastaba una condena judicial en segunda instancia. En

¿RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA EN LA COMUNA? La prensa tiene dificultades para ingresar a asambleas ediles en palacio municipal. Ex regidor metropolitano sostiene que se trata de una mala costumbre de Castañeda. Inexplicable. Las sesiones del Concejo Metropolitano de Lima deben ser públicas, de acuerdo con la ley. Sin embargo, la prensa tiene, desde hace un tiempo, dificultades para ingresar a dichas asambleas. El martes último, cuando se trató el tema del Tren Eléctrico –de interés público-, no se permitió el ingreso a un redactor y a un fotógrafo de este diario. El pasado jueves 11, día de la primera sesión de concejo de este año, se dejó entrar a un grupo de periodistas luego de más de 30 minutos de espera. Asimismo, el año pasado se negó el acceso de los reporteros a los debates de temas importantes, como las obras en la Costa Verde o las zonificaciones. Sobre esta situación se buscó la versión del teniente alcalde de Lima, Marco Parra –quién suele presid