PADRÓN ELECTORAL ES EL PARÁMETRO PARA ESTABLECER SUELDOS.

Para el experto en derecho municipal Julio César Castiglioni, el decreto de García “alentará la corrupción en los gobiernos locales” y evidencia la falta de “un programa serio y coherente dentro del proceso de descentralización”. Agrega que el decreto supremo es “ilegal”, pues intenta “modificar una ley orgánica como la Ley de Municipalidades”.

La referida norma, publicada el 27 de mayo de 2003, indica en sus artículos 12 y 21 que la remuneración de los alcaldes y las dietas de los regidores sólo serán fijadas por los concejos municipales “de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local”.

Asegura, además, que el gobierno no precisaba un decreto supremo para poner en cintura los sueldos excesivos de algunos alcaldes. La Ley de Municipalidades facultaba a la Contraloría General, desde 2003, a establecer sanciones si los salarios no se ajustaban a la capacidad económica del municipio.

El fileteo salarial afecta con mayor intensidad a las provincias, Según el decreto supremo, los alcaldes de los distritos de Lima y Callao reciben una asignación extra de hasta S/. 1, 300, que se suma a lo que les corresponde por su población electoral. Los municipios del interior del país no tienen este beneficio. A esto se agrega que la cantidad real de habitantes, incluidos niños y ancianos, supera hasta tres veces a lo que  registra el padrón electoral, que es el principal criterio para establecer la escala salarial.

El alcalde de La Punta, Wilfredo Duarte, reconoce los excesos de los últimos 13 años de algunos concejos municipales para fijar sus salarios. Sin embargo, agrega que no es correcto que "los 1,839 distritos de todo el país tengan que ajustarse a una norma antitécnica para corregir el error de unos cuantos.

CARETAS, 4 DE ABRIL DE 2007.