SOLO EL GOBERNADOR DEL CERCADO CUENTA CON PERSONAL Y RECURSOS.

El resto atiende en las salas de sus casas o en locales prestados.

En comparación con sus colegas de los otros distritos de Lima, el gobernador del Cercado, Javier  Ramos Espinoza, puede considerarse un funcionario privilegiado. De los 43 gobernadores que tiene a metrópoli (uno por distrito, incluido el Cercado), solo él ocupa una oficina  que pertenece al Estado: el local donde funcionó hasta el 31 de enero la Prefectura de Lima. Además es el único que cuenta con nueve trabajadores  remunerados por el Estado, computadoras, televisores, personal de seguridad y hasta recursos asignados.

Sin embargo, los demás gobernadores –que tienen su misma jerarquía y funciones y en algunos casos más población y más conflictos sociales que atender –solo cuentan con su sueldo de S/. 800 mensuales. Con parte de esa remuneración deben financiar sus oficinas.

En un recorrido realizado por algunos distritos –incluido el Cercado –se pudo confirmar que la mayoría de gobernadores a tiende en su propio domicilio o en locales que les han sido cedidos gratuitamente. Por ejemplo, en Comas y Lince los gobernadores Ruperto Saavedra y Pedro García, respectivamente, han acomodado las salas de sus  respectivas casas para instalar sus oficinas. En cambio, las gobernaciones de San Juan de Lurigancho en oficinas que les han cedido gratuitamente. Otra suerte corre el gobernador de Breña, Fernando Alvarado, quien atiende en el pasadizo de un inmueble que sirve de oficinas profesionales,

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI

ES ALTO EL RIESGO DE CORRUPCION.

El Gobierno Central ha trasladado la responsabilidad que tenían las prefecturas y subprefecturas a las gobernaciones, pero no le ha transferido los recursos para cumplir con esa tarea. Al no contar con los fondos necesarios, las gobernaciones pueden convertirse en entes donde se va a traficar influencias. Las garantías posesorias y personales que otorga la gobernación puede estar sujeta a ese tráfico.

En resumidas cuentas, a quien paga más se le va a otorgar esa garantía y ello es sumamente peligroso.

Tal como están trabajando, las gobernaciones están ofreciendo un servicio en nombre del Estado, al que no le está costando nada. Incluso, los gobernadores están destinando partes de sus casas para ello.

El Estado está obligado a pagar, porque la defensa de la soberanía y el orden interno son su responsabilidad. Concretamente, son la Policía Nacional y el Ministerio del Interior los que deben hacerse cargo de las partidas que requieren el cumplimiento de esa tarea. Caso contrario, las gobernaciones están condenadas al fracaso.

Cabe recordar que ahora el Jurado Nacional de Elecciones no da crédito de las constancias emitidas por los gobernadores, porque no los considera documentos que produzcan certeza y convicción. A quien se le otorga esta certeza son a los documentos de la policía y del Juez de Paz.

EL DATO.

Hay 1.832 gobernadores.

En el Perú hay 1.832 gobernadores, pero los únicos que funcionan en locales públicos son los de las capitales de provincia que han ocupado las sedes de las prefecturas y subprefecturas. El resto atiende a sus casas o en locales prestados.

EL COMERCIO, MIÉRCOLES 07 DE FEBRERO DE 2007.