miércoles, 11 de septiembre de 2019

CASTIGLIONI: QUE EXISTA PEAJES DENTRO DE LA CIUDAD ATENTA CONTRA LA LIBERTAD DE TRÁNSITO


Abogado experto en temas municipales nos habla de la renegociación de los pejes y los aportes de OAS a la campaña de Luis Castañeda. También hace un breve balance de la gestión de Jorge Muñoz.

¿Cuál es la mejor solución para los peajes, ahora que las concesionarias Lamsac y Rutas de Lima aceptaron dialogar con la Municipalidad de Lima?

Disminuir los peajes dentro de la ciudad. Me opongo a que existan. Los peajes deben estar en las vías de ingreso a Lima. Deberíamos tenerlos solo en Pucusana, en Ancón, en Carabayllo, de donde sale una autopista para Pasco, y pasando Chosica Que existan peajes dentro de la ciudad atenta contra la libertad de tránsito.

¿Qué se puede esperar de esta primera reunión entre las concesionarias y el municipio?

Creo que ambas partes se han puesto a disposición para llegar a un arreglo. Ahora, el alcalde Jorge Muñoz y su equipo técnico deben estudiar bien los contratos para poder renegociar. También debe hacerse un informe técnico, que esté a cargo de la Municipalidad o la Contraloría. Este debe demostrar que la inversión que han hecho las empresas no guarda relación con los años de concesión. Las asociaciones público privadas son iniciativas que permiten a la empresa privada invertir y ganar. Pero tampoco se puede permitir que se explote por mucho tiempo un área pública en perjuicio del usuario, a quien se le traslada el costo.

Los presuntos aportes de US$100.000 que habría entregado OAS – según confesó el expresidente de la empresa Leo Pinheiro – a Luis Castañeda para su campada del 2014, ¿qué tipo de delito podría constituir?

Creo que esto es el comienzo. No se ha preguntado ni a OAS ni a Odebrecht sobre Castañeda. Se debe iniciar ya una investigación porque ahí hay muchos más que escarbar. No creo que le hayan dado US$100.000, debe ser mucho más. Ahí va a haber sorpresas.

Llama la atención esa cifra, teniendo en cuenta que OAS para esa campaña le dio US$3 millones a Susana Villarán, quien no era la favorita de las encuestas.

Evidentemente, hay algo raro, hay que hacer la investigación. Debe haber una investigación muy prolija para determinar si le dieron dinero al señor Castañeda como soborno, y cuánto, por las obras de Odebrecht y OAS.

De otro lado, Jorge Muñoz ya lleva cinco meses como alcalde. ¿Qué aspectos valora de esta gestión?

Creo que todavía no agarra timón. Ha hecho anuncios de cosas muy pequeñas. Pero no hay anuncios prometedores. Se está demorando mucho en ejecutar, siendo un hombre que ya tiene experiencia municipal.


Publimetro
27 de mayo de 2019

NOMBRAMIENTOS ILEGALES EN COMUNA DE LA VICTORIA


Una inspección realizada por la Oficina de Control Institucional (OCI) en la Municipalidad de La Victoria indica que 11 funcionarios de confianza de esa comuna no cumplen los requisitos de ley.

De acuerdo con el informe de visita de control de la OCI N° 008–2019–OCI/2155–SVC, al cual accedió EXPRESO, además de los funcionarios que no cumplieron con los requerimientos solicitados para los puestos a los que fueron designados, también se detectó personal de confianza que ocupó más de un puesto en la institución edil.

Dicho informe se hizo  tomando como base el “periodo de evaluación del 22 al 26 de abril del 2019”,  y los datos de dicho reporte pudieron ser corroborados por este diario al revisar el portal de Transparencia de la Municipalidad de La Victoria del mes de abril, pero no así del mes de mayo porque todavía no figura en la web de la comuna.

La OCI indica, en el punto número uno del segmento “Situaciones Adversas”, que la “designación de funcionarios de confianza en la Municipalidad Distrital de La Victoria no cumplen con los requisitos exigidos en el manual de organización y funciones, generando el riesgo que los servicios y operaciones efectuadas por la entidad no se realicen sobre la base de los principios de legalidad y transparencia”.

Según el documento, en la primera lista elaborada por la OCI, “se determinó la designación de 11 funcionarios en 15 cargos de confianza que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización de Funciones – MOF”.

El jurista y especialista en temas municipales Julio César Castiglioni indicó que, respecto a la designación de funcionarios para puestos en los que no cumplían los requisitos, el alcalde sería uno de los responsables, y habría incurrido en el ilícito penal de nombramiento ilegal, mientras que las personas que aceptaron los puestos también habrían incumplido la ley.

“Esto constituye una responsabilidad de ambas partes, responsabilidad del alcalde, que es nombramiento ilegal, y responsabilidad del funcionario que es aceptación indebida del cargo (…) Por ejemplo, puede que se necesite una persona para Desarrollo Urbano, y se pone a un bachiller en arquitectura, y no a un profesional, que tiene que ser un arquitecto colegiado, entonces, eso es nombramiento ilegal, porque se está nombrando a una persona que no reúne los requisitos”, indicó.

Sobre el caso de las personas que ocupan dos o más puestos, Castiglioni indicó que esto sería una falla administrativa, no obstante, enfatizó que esto no deja de ser irregular.

“Eso es totalmente irregular, porque ‘si soy gerente de Fiscalización Tributaria’, no puedo ser ‘subgerente de administración’ (…) Esa es una irregularidad administrativa que debe ser regularizada, porque cada gerencia tiene que tener su responsable”, manifestó.


Diario Expreso
25 de mayo de 2019

MUNICIPALIDAD DE LIMA DEBATE LA SUERTE DE PEAJES FIRMADOS CON OAS Y ODE


Los peajes en debate. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tendrá hoy una sesión ordinaria del Concejo Municipal para evaluar qué acciones se tomarán respecto a las 18 garitas de cobro en la Línea Amarilla y Rutas de Lima que fueron entregadas en concesión a Odebrecht y OAS y que hoy están en manos de otras compañías.

Ambas empresas brasileñas financiaron ilegalmente con US$10 millones las campañas del No (2013) y de reelección (2014) de la exalcaldesa Susana Villarán, actualmente en prisión preventiva por 18 meses.

El debate se da luego de que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se expresara el miércoles último en contra de “los peajes manchados por la corrupción. Los contratos de la corrupción no van”. Tras ello, convocó a una sesión en la que se acordó que hoy se evaluará el tema. A primera hora, se decidirá si la sesión será pública o reservada.

Dejar sin efecto el cobro de peajes no es un tema tan simple como varias voces lo exigen. Julio César Castiglioni, abogado especializado en temas municipales, indicó a Perú21 que ello sería posible aplicando una cláusula que dispone que cualquier parte lo puede anular siempre que medie el interés público.

“Para invocarla, la municipalidad tendría que hacer un peritaje técnico de muy alto nivel que demuestre la afectación al interés público. No solo que hubo US$10 millones de financiamiento de OAS y Odebrecht a la campaña de Villarán. Tampoco que está en detención preventiva, porque aún no tiene condena”, dijo.

Diario Perú21
20 de mayo de 2019

CASTIGLIONI: CONTRALORÍA DEBE ELABORAR INFORME SOBRE CONTRATOS DE PEAJES


La Contraloría General de la República debe realizar una acción de control sobre los contratos de los peajes Línea Amarilla y Rutas de Lima a fin de detectar las falencias en dichos convenios señaló el abogado especializado en temas municipales, Julio César Castiglioni.

Asimismo, dijo que la Municipalidad Lima debería realizar un peritaje que muestre que existe equivalencia entre el monto invertido por las empresas concesionarias y el monto que cobrarían en 33 años de concesión, en un caso, y 40 años en el otro.

“La ganancia no puede ser usurera. El monto invertido debe guardar relación con la ganancia, porque está de por medio el interés público. Se podría presentar una demanda de arbitraje si se evidencia que es un contrato leonino”, precisó a la Agencia Andina.

Según, refirió en los contratos de concesión existe una cláusula que dispone que cualquier parte lo puede anular siempre que se melle el interés público.

Mencionó que no se puede invocar el tema penal porque la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es investigada por recibir aportes de las empresas OAS y Odebrecht, aún no ha sido sentenciada.

“Si es condenada en este espacio de tiempo podría pedirse una medida cautelar por indicios razonables de ilícitos penal, mientras tanto se debe proceder por las vías administrativas correspondientes”, indicó.

Esta tarde, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó activar un proceso de evaluación conjunta de los contratos de peajes en el que participarán la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad de Lima y las empresas concesionarias.

Los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima fueron entregadas en concesión a la empresas brasileñas OAS y Odebrecht, pero en la actualidad están en manos de la compañía francesa Vinci Highways y la canadiense Brookfield, respectivamente.

Agencia Andina
20 de mayo de 2019

POLÉMICA POR PEAJES: CONTRATOS NO TUVIERON EL VISTO BUENO DEL MEF PESE A LEY


Durante siete años, entre el 2009 y el 2016, la Municipalidad de Lima firmó dos contratos y cuatro adendas con OAS y Odebrecht para las concesiones Línea Amarilla y Rutas de Lima, que incluyen 18 peajes en la capital. Según Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala (2015-2016), dichos documentos no contaron con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pese a que la ley lo solicitaba desde el 2008.

Durante ese período no solo hubo una norma que exigía el requisito, sino cuatro. La primera era el Decreto Legislativo 1012, cuya base legal sirvió para firmar los contratos de Línea Amarilla en el 2009 (en la gestión del ex alcalde Luis Castañeda) y Vías Nuevas de Lima –hoy Rutas de Lima– en el 2013 (con la ex alcaldesa Susana Villarán).

Para Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales, la ausencia de dicho requisito en los contratos es un factor que puede ser utilizado por la comuna para evaluar la nulidad. Según explicó, el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley no es opcional, pese a que la norma no especifica textualmente su obligatoriedad. “La falta de opinión del MEF es un elemento para, por lo menos, pedir en arbitraje una medida cautelar para que se suspendan los contratos”, enfatizó.


Diario El Comercio
17 de mayo de 2019


miércoles, 8 de mayo de 2019

MIRAFLORES: CONTROVERSIA POR ORDENANZA QUE REGULA USO DE SCOOTERS Y BICICLETAS



La municipalidad de Miraflores negó que se impondrán multas a quienes cometan una infracción a bordo de una scooter eléctrica, y aseguró que las amonestaciones económicas solo se aplicarían a las empresas que brindan el servicio de alquiler de este medio de transporte.

Pese a que el gerente municipal de Transporte de la Municipalidad de Miraflores lo niegue, el abogado Julio Cesar Castiglioni, experto en temas municipales, la Ordenanza Nº 518 que fue publicada en el Diario El Peruano el pasado domingo sí permitiría la imposición de la multa no sólo a los agentes económicos sino también a las personas naturales.

La ordenanza establece que, tanto la empresa que presta el servicio de alquiler de la scooter como el conductor del vehículo, se harían acreedores de forma solidaria a una multa equivalente a una 1 UIT, que asciende a los 4200 soles si el usuario invade la vereda, excede los 20km/h o no usa accesorios de protección como casco y cintas reflectivas, suma que parece excesiva si la comparamos con los 1975 soles con los que se castiga manejar un auto en estado de ebriedad o los 498 cuando se pasa una luz roja.


24 Horas
07 de mayo de 2019

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI: LA AMNISTÍA TIENE MALOS PRECEDENTES



El resurgimiento del conflicto en la mina Las Bambas podría estar a la vuelta de la esquina. Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, elevó a un grado más alto la amenaza por la aprobación de un controvertido proyecto de ley de amnistía presentado por el congresista Richard Arce (Nuevo Perú).

Análisis por Julio César Castiglioni

“El estado tiene que saber ponerse los pantalones. Si se reanuda la violencia, se debe declarar el estado de emergencia para permitir el ingreso del Ejército y ahí el tema se acabó. El presidente tiene los elementos necesarios constitucionales para que pueda lograr que la paz social prevalezca y que los grupos violentistas no hagan lo que les parezca

Por otro lado, estoy en contra de la amnistía porque ha dejado un mal precedente como en la época de Alberto Fujimori, cuando se emitió la medida a favor del grupo Colina. Estamos en un Estado de derecho democrático donde todos tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones, pero en forma pacífica. No en forma violenta, tomando carreteras.

Está prohibido y penado. Por ello, también estoy contra las modificaciones al Código Penal porque se quiere legalizar los actos arbitrarios que cometen ciertos grupos.”

Diario Perú 21
06 de mayo de 2019