Susana Villarán reportó gastos por S/1.6 millones tras la revocatoria del 2013

En abril del 2013 —culminada la campaña de la revocatoria a los regidores metropolitanos y a la alcaldesa de Lima de entonces, Susana Villarán — los miembros del No entregaron al Tribunal del Pacto Ético Electoral, presidido por el jurista Fernando Vidal, un “informe de ingresos y egresos”.

El documento, firmado por Marco Zevallos, quien figura como responsable del equipo legal de la campaña por el 'No a la revocatoria', indica que Villarán logró recaudar más de 1 millón y medio de soles. Exactamente S/1,614,321.50.

En mega eventos obtuvieron S/195,000, en cenas y otros pro fondos S/145,000, en actividades centrales específicas - pro fondos un total de S/70,000, en actividades pro fondos en los comités distritales por el No S/269,000, en ventas en el local central y en los comités distritales del No recaudaron S/119,000 y en donaciones recibieron de ingreso S/816,121.50.

En referencia a los egresos, se indica lo pagado a FX Comunicaciones, empresa de Valdemir Garreta. En total fueron S/432,000. A ello se suma lo gastado en medios de comunicación, canales de TV (S/976,522), en macro paneles (S/109,000) y en campaña (S/94,800), lo que incluye movilización y mítines, material de volantes, posteras y banner y personeros (refrigerios y movilidades). En suma, S/1,612,322, casi lo mismo que los ingresos.

Lo reportado dista de lo que, según Garreta y Jorge Barata, habría desembolsado la campaña del No para pagar a publicistas brasileros con dinero de Odebrecht y OAS. Ellos indicaron que fueron US$3 millones, lo que, al cambio, es S/9,710,070.

El abogado Julio César Castiglioni declaró a Perú21 que, de comprobarse esta diferencia de cantidades, la ex alcaldesa podría ser sindicada por la comisión del delito de falsedad ideológica por “consignar hechos falsos en un documento público. Este delito tiene una pena de 4 años de cárcel”.

Indicó, también, que de comprobarse el origen ilícito del dinero que habrían aportado las empresas brasileras, se configura el delito de lavado de activos y colusión.

Castiglioni coincide en señalar que “el caso de Villarán es más grave que el de Ollanta Humala”, porque ella hizo la campaña de la revocatoria ya siendo alcaldesa, a diferencia de Humala que no era funcionario público. 

Perú21 – 24 de noviembre de 2017