Municipios sí tienen herramientas para sancionar construcciones clandestinas

Las municipalidades sí tienen las herramientas necesarias para sancionar a quienes construyen edificaciones clandestinas en locales comerciales de alta afluencia de público, opinó el experto en temas municipales, Julio César Castiglioni.

“Toda municipalidad sea distrital o municipal tiene un área de fiscalización y control que está facultada para supervisar al formal, al informal y al clandestino. Y sí tiene los medios legales para sancionar este tipo de infracciones”, precisó.

Desde su punto de vista “las que están fallando son las autoridades municipales porque hay mucha corrupción de por medio y las fiscalizaciones se hacen a la medida de los fiscalizados”. 

Agregó que hay improvisación porque se pone a personas que no están capacitadas adecuadamente o terminan cediendo ante la corrupción.

“No se puede improvisar en el área de fiscalización.  Esta labor consiste en visitar un local, levantar un acta de las observaciones que se encuentren. Enseguida, a los administradores se le da cinco días para que hagan sus descargos y si estos no son convincentes, se emite una resolución de multa y clausura”, explicó. 

“Hay  negligencia de parte de las municipalidades que no están cumpliendo su labor de fiscalización de manera eficiente”, recalcó y sostuvo que para revertir la actual situación “las comunas tienen que poner a profesionales”.

En el caso de la galería Nicolini, Castiglioni comentó que el error de la Municipalidad de Lima Metropolitana fue no haber hecho el seguimiento respectivo tras la clausura del local.

Según versión de Christian Rosenthal, gerente de Fiscalización y Control de la comuna capitalina, este local fue clausurado el pasado 9 de junio, pero la empresa no acató la medida. 

“Es una negligencia de los funcionarios de la comuna limeña el no haber hecho seguimiento en los plazos previstos por ley”, refirió.

Detalló que debieron volver a clausurar y denunciar penalmente por violencia y resistencia a la autoridad a los responsables del hecho. “Pero no hicieron nada de esto”, señaló.

En este sentido, manifestó que las autoridades que no cumplen con sus responsabilidades cometen delito de abuso de autoridad por omisión. 

Este tipo de infracciones está tipificado en el artículo 377° del Código Penal y tiene una pena de dos años de cárcel.

Ante esta situación, Castiglioni indicó que el Ministerio Público debería denunciar a los funcionarios del municipio limeño, a los propietarios y a los administradores de la galería Nicolini. 

Agencia Andina – 28 de junio de 2017