¿Quién es responsable de la tragedia en Las Malvinas? Omisiones de la municipalidad apuntan a funcionarios negligentes

Tras el incendio ocurrido en la galería Nicolini, en el corazón de Las Malvinas, que ha dejado hasta el momento tres personas desaparecidas, diversas autoridades han salido al frente a deslindar su responsabilidad directa o indirecta por la tragedia.

¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién debió haber advertido la situación de peligro? Perú21 conversó con el experto en temas municipales Julio César Castiglioni, quien aseguró que la responsabilidad es de la Municipalidad de Lima.

Castiglioni explicó que aunque funcionarios de la comuna limeña han indicado que cumplieron con la clausura de los niveles superiores del centro comercial donde se habían instalado contenedores, la Gerencia de Fiscalización y Control del municipio debió haber hecho una inspección para garantizar que el local siguiera clausurado: “Además, si sabían que los propietarios rompieron los documentos que disponían la clausura, se podría haber hecho una denuncia penal por violencia y resistencia a la autoridad”.

Pero no solo eso. Tras haber detectado la peligrosidad de la edificación, el gobierno local estaba facultado a desmontar la estructura. “No se necesitaba una orden del Poder Judicial. Está dentro de sus competencias. Se podría haber hecho en forma inmediata a través del ejecutor coactivo porque se trataba de una construcción clandestina y antirreglamentaria”, aseguró, al indicar que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades lo permite.

El abogado refirió que el ejecutor coactivo de las municipalidades actúa como una suerte de juez que puede hacer intervenciones en situaciones de peligro. “Es como cuando se hacen intervenciones por sanidad y se abren las puertas de los negocios. Ahí se levanta el acta y en forma inmediata se procede a la resolución de sanción, que puede ser el retiro y la multa. En este caso, *la Municipalidad de Lima pudo haber dispuesto la clausura y además el desmontaje de los contenedores*”, manifestó.

Castiglioni sostuvo que, por esta falta de actuación, los funcionarios de la Municipalidad de Lima pueden ser procesados por el delito de abuso de autoridad por omisión, que tiene una pena de hasta dos años de cárcel. En este caso el Ministerio Público actúa de oficio y ya dispuso las investigaciones.

“La Municipalidad de Lima estaba en la obligación de fiscalizar y controlar. Los gobiernos locales gobiernan la ciudad y emiten actos de gobierno y administrativos. Entre estos actos administrativos están las resoluciones de clausura, de sanción y desmontaje que ellos deben hacer ejecutar, pero en este caso no lo han hecho”, manifestó.

Los propietarios

El letrado aseguró que los propietarios y administradores del negocio también tienen responsabilidad en la tragedia: “Ahí hay una responsabilidad penal y el delito sería homicidio culposo, que tiene una pena máxima de seis años de cárcel, pero también una responsabilidad civil, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas desaparecidas y a las personas que alquilaban sus ambientes”.

En ese sentido, recordó que ya existe un antecedente similar en el caso ‘Utopía’, en el cual se condenó al administrador de la discoteca siniestrada, así como al malabarista y al alcalde del distrito que permitió que el local funcionara sin licencia.

Castiglioni advirtió que el caso de los contenedores con trabajadores encerrados en la galería Nicolini no sería el único en Lima, pues en Mesa Redonda y en los alrededores del Mercado Central, en el Cercado de Lima, habría más comercios que importan productos y encierran a sus trabajadores para que ensamblen piezas.

“En vez de contratar a una persona para que supervise ese trabajo, los dueños prefieren dejarlos bajo llave en contenedores, casas y sótanos. Esto no sería un caso aislado, sino una práctica común que debe ser fiscalizada de inmediato”, puntualizó.

Perú21-24 de junio de 2017