EL NUEVO REAL PLAZA NO TIENE CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL
La Municipalidad de Jesús María
autorizó su funcionamiento pese a no haber concluido el trámite que garantiza
la seguridad al público. Vecinos denuncian molestias por obras.
Aunque más de una marca ya anunció la
apertura de sus tiendas en el nuevo Real Plaza de Jesús María, ubicado en la
cuadra 24 de la AV. Salaverry, este centro comercial planea recibir al público
sin haber obtenido su certificado de Defensa Civil.
La cadena Real Plaza y la municipalidad
distrital aseguran que el establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento
desde el 8 de mayo pasado. Sin embargo, llama la atención que hayan logrado
tramitar dicho permiso sin haber pasado y aprobado las inspecciones de
seguridad, a cargo de la Municipalidad de Lima por tratarse de un local que
supera los 500m2.
La Subgerencia de Defensa Civil de la
comuna metropolitana confirmó a El Comercio que si bien el centro comercial
tiene un expediente en proceso, todavía no se ha expedido el certificado de
detalle. Incluso el jueves se iba a realizar una primera inspección a las
instalaciones, pero esta fue suspendida.
La falta de señales indicando las
salidas y diferenciando la zona de transeúntes de la de vehículos, según
contató ayer este Diario, evidencian las deficiencias en seguridad. Y eso solo
fue en la parte exterior, donde siguen expuestos los cables eléctricos y
conexiones de agua. Allí, los obreros continúan con los trabajos.
Entonces, ¿cómo es que Jesús María
expidió la licencia de funcionamiento? Según Marcial de la Cruz, gerente de
Imagen, todo se hizo conforme a ley. Lo cierto es que ni la municipalidad ni la
empresa mostraron la documentación que lo acredite.
QUEJAS
DE LOS VECINOS
Para el municipalista Julio
César Castiglioni, Jesús María habría incurrido en los delitos de
usurpación de funciones y abuso de autoridad. “Se están usurpando las funciones
de Defensa Civil de Lima”, refiere.
Esto se suma a las presuntas
irregularidades que, según un grupo de vecinos, se habrían cometido durante la
ejecución de la obra. Dafna Frend, vecina de la Residencial San Felipe, señala
que el “mal” empezó a construirse en el 2012 sin tener la licencia de
edificación, la cual se regularizó un año después.
Además, los trabajos ocasionaron daños
en las fachadas de las casas y autos de los vecinos. “Esto amerita iniciar un
proceso civil para exigir la indemnización por daños y perjuicios. Esto
alcalizaría al municipio”, dijo Castiglioni.
El
Comercio – 24 de mayo de 2014
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