GALERÍAS DE MESA REDONDA Y DEL MERCADO CENTRAL SIGUEN FUNCIONANDO SIN LICENCIA

·    La mitad es informal, como se detectó en febrero. El Concejo de Lima se excusa de no haberlas cerrado porque no representan riesgo.

El 49% de las galerías de Mesa Redonda y del Mercado Central funcionan sin licencia. Esa cifra, revela por el municipio de Lima, es apenas un punto menos que la registrada en febrero. Han sido pocos los esfuerzos para fiscalizar y clausurar los negocios informales.

Las conexiones eléctricas expuestas y los pasillos obstruidos con mercadería en las galerías de Mesa Redonda y del Mercado Central motiva la inquietud de saber si esos negocios tienen permisos municipales. En febrero de este año, el Concejo de Lima dio a conocer que 68 de las 136 galerías de esa importante zona comercial del Cercado son informales. Nueve meses después, la situación sigue igual.

Solo un par de galerías lograron formalizarse, según la Gerencia de Desarrollo Empresarial de la comuna. Aunque la titular de esa gerencia, Carmen Vildoso, asegura que las galerías han mejorado algunos aspectos de Defensa Civil, eso no basta. “Muchas de las observaciones son difíciles de subsanar porque tienen que ver con el diseño de los edificios: el ancho de los pasillos es menor a lo requerido”, dice.

Pero, ¿por qué esos negocios siguen funcionando? El gerente de Fiscalización y Control de Lima, Álvaro Anicama, ensaya algunas respuestas: “Los establecimientos han sido sancionados con multas de hasta 1UIT (S/. 3.650), pero esas sanciones siguen un procedimiento que puede tardar hasta seis meses. En muchos casos, los comerciantes impugnan las medidas”.

A su entender, los más de 60 establecimientos informales no pueden ser cerrados de manera inmediata como sí sucedió con el centro comercial El Hueco, a inicios de octubre, porque no se ha comprobado que estos sean de “alto riesgo”. Sin embargo, basta recorrer las galerías El Portal de Mesa Redonda y Mina de Oro I y II, en los jirones Andahuaylas y Cusco, respectivamente, para constatar lo contrario.

Sin embargo, para el abogado municipalista Julio César Castiglioni, que los comerciantes hayan apelado las sanciones, como afirma Anicama, no impide que la comuna clausure los locales.

“Todo el trámite administrativo, entre que los comerciantes apelan y la municipalidad resuelve, tarda dos meses y medio”, dice.

Según Castiglioni, los funcionarios habrían cometido abuso de autoridad por omisión; es decir: “dejaron de hacer lo que están obligados, pues la municipalidad está obligada a cerrar todo establecimiento sin licencia, así sea de alto o de menor riesgo”.

El Comercio – 27 de  noviembre de 2012