CUATRO DE CADA CINCO MENORES DECLARAN QUE ES FÁCIL OBTENER ALCOHOL Y CIGARRILLOS

·         Según el último estudio de Cedro, el 83,2 % de los menores de entre 12 y 18 años considera que en nuestro país es sencillo comprar licores.

El Ministerio de Salud (Minsa) atendió, entre enero y abril de este año, a 156 niños y adolescentes menores de 17 años intoxicados por el consumo excesivo de alcohol en el país. Cinco de ellos presentaron graves enfermedades en el hígado.

Elisa tiene miedo. Se siente dentro de un laberinto y no sabe cómo salir de él. A sus 16 años, el ron se ha convertido en su único refugio. Todos los fines de semana se reúne con sus amigos – todos mayores que ella – y salen a divertirse hasta perder el conocimiento. La semana pasada despertó desnuda en un hotel sin recordar cómo llegó ahí. Ahora, lo único que la invade, además de la resaca, es el pánico. “No sé cómo parar”, dice mientras rompe en llanto.

El último sondeo de opinión del Centro de Información y Educación para la Prevención de Abuso de Drogas (Cedro) revela que cuatro de cada cinco menores de entre 12 y 18 años considera fácil conseguir alcohol y cigarrillos en el país.

La encuestas precisa que el 83,2% y el 79,6% de los adolescentes cree  que es fácil obtener licor y tabaco, respectivamente, en locales comerciales del país. El estudio expone, además que el 32,4% de los menores tiene amigos que consumen drogas.

PUNTO DE VISTA

LA FISCALIZACIÓN ES MUY DÉBIL

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI – Abogado municipalista

La función de fiscalización y control está a cargo de cada gobierno municipal. Las ventas de alcohol y de tabaco a menores están prohibidas por ley, entonces los municipios son los que deben hacer que se cumpla.

Las sanciones no deben ser solo económicas, también se debe poner mano dura estableciendo la clausura definitiva de los locales que infringen la norma, porque si los municipios van a ir de multa en multa, entonces resulta muy cómodo pagar la sanción y, luego, seguir vendiendo alcohol a menores.

Si bien es cierto que la responsabilidad es del municipio, ante la gravedad del problema se puede buscar una concertación con la Municipalidad de Lima para que se defina un plan estratégico metropolitano como parte de la seguridad ciudadana de toda la capital.

Ahora bien, la principal falla dentro de esta problemática no es solo que no hay fiscalización de todos los establecimientos, si no  que cuando la llevan a cabo es muy débil.

Los procedimientos de fiscalización fracasan porque, en primer lugar, los municipios envían a los supervisores a realizar las operaciones. Estos supervisores, que muchas veces son agentes de serenazgo o inspectores municipales, deja una notificación al local infractor, pero este documento no tiene facultad resolutiva. Es decir, los dueños de los establecimientos pueden impugnar las notificaciones y continuar trabajando con toda normalidad.

Los únicos que están autorizados para poner una multa y aplicar el cierre definitivo del local son los gerentes de fiscalización de cada comuna, según lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades.

Entonces, el gran error que cometen los municipios es que se envía al serenazgo cuando ellos son solo agentes de apoyo de seguridad y solo pueden notificar por 24 horas.

El segundo problema es que se debe modificar el reglamento de sanciones que tiene cada municipio. Las multas deben ser más drásticas por este tipo de infracciones, que son muy graves.

Por último, las municipalidades deben empezar a cambiar los requisitos que exigen para otorgar las licencias de funcionamiento. Debería haber una causa en la que se especifique que la licencia debe ser revocada si los dueños cambian el giro del servicio. Se está siendo muy permisivo con un problema que es vital para la formación de los menores de edad.

El Comercio – 22 de junio de 2013