BARRANCO ESTÁ IMPEDIDO DE SUBASTAR ÁREA DEL ACANTILADO INVADIDA POR CONSTRUCTORA
La Defensoría del Pueblo y la
Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) han comunicado a la Municipalidad de
Barranco que no puede ejecutar la subasta de 105,08m2 de terreno del
acantilado, acordada en la sesión de concejo del 26 de junio.
Ambas entidades argumentan que el
impedimento se da por irregularidades en los trámites de la obra y por la
intangibilidad de los acantilados, decretada en el 2010 por la Ordenanza N°1414
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El área fue invadida por la
constructora El Ancla Group S.A.C., durante la construcción del edificio
Acquamarina, entre la calle 28 de julio y el malecón.
La licencia de obra fue dada en el
2006, en la gestión edilicia de Martín del Pomar, y la conformidad de obra, en
el 2009, en el período de Antonio Mezarina.
Según el Acuerdo de Concejo N°
044-2013-MDB, de la sesión del 26 de junio, firmado recién el pasado miércoles,
a la constructora ofreció a la comuna US$1.500 por cada m2 de
propiedad municipal invadido y construido, y US$ 355.670 como compensación por
el uso indebido de toda esa área.
OPINIÓN
ACÁ HAY UNA CAUSAL DE VACANCIA
JULIO
CÉSAR CASTIGLIONI
Según el abogado municipalista Julio
César Castiglioni, la ley faculta a los gobiernos locales a someter a
subasta bienes que administran, previo acuerdo de concejo. “Sin embargo –
explica Castiglioni - , en el caso del
área invadida por el edificio Acquamarina, si la Municipalidad de Barranco concreta
la subasta, estaría legalizando la comisión de un ilícito penal”.
“Hubo usurpación por parte del invasor
y negligencia de las autoridades municipales, quienes no paralizaron la obra en
su momento o no pelearon judicialmente la nulidad de la conformidad de obra en
el plazo legal”, agrega.
Para eso último hubo plaza hasta el
2010 en la vía administrativa y hasta el 2012 en la judicial.
“Barranco está amarrado porque la
intangibilidad impide una subasta. Esta gestión (de Jesús Vargas) cayó en abuso
de autoridad por omisión en los últimos dos años. Eso es causal de vacancia”,
dice.
Como no se anuló la conformidad de
obra, no puede haber juicio por desalojo ni demolición, añade.
El
Comercio – 26 de julio de 2013
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