INVASORES ACORDARON SEGUIR ATRINCHERADOS CON SUS HIJOS

Argumentan que no hay peligro  para ellos porque no han sido notificados. Dirigente Nieto confiesa que no es productor y que ha alquilado su puesto.

Parecía que la orden había sido traer a la mayor cantidad de niños al mercado de Santa Anita. Entre las tres y cinco de la tarde de ayer centenares de hombre y sobre todo mujeres llegaban con sus menores hijos e ingresaban presurosos al local. No era una fiesta infantil ni nada parecido. Se trataba de la asamblea general que los dirigentes de los usurpadores de dicho centro de abastos habían programado para debatir el pedido de la Defensoría del Pueblo de retirar a los niños del local para salvaguardar su integridad.

Varias madres entrevistadas, que llevaban a sus bebes en brazos, coincidían en señalar que se iban a quedar con sus pequeños dentro del mercado, aunque corrieran riesgos porque no tenían dónde dejarlos y porque “tenemos que defender con nuestras vidas la inversión que hemos hecho”, declaró una comerciante que no quiso identificarse.

Era notorio que estaba generalizada la idea de seguir usando a los menores como escudos humanos. Por eso no sorprendió mucho cuando a las seis de la tarde,  finalizada la asamblea a puertas cerradas, el presidente de la autodenominada Asociación Nacional de Productores y Comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita, Fernandino Nieto, anunció  que los ocupantes del local iban a permanecer en él junto con sus hijos porque no había razón para separarlos. “No hay riesgo para nadie, el mercado va a seguir funcionando normalmente. No hemos recibido ninguna notificación de desalojo ni somos parte del proceso”, dijo.

MANDATO TIENE QUE CUMPLIRSE.

Sin embargo, ese argumento no tiene asidero legal, según el abogado césar Castiglioni, experto en derecho municipal. “El mandato judicial tiene que cumplirse de todas maneras. El juez ha dispuesto del desalojo de quienes se encuentran en posesión del local, y esto involucra no solo quienes han sido materia del proceso inicial, sino también a los que han ingresado posteriormente”. Argumentó.

El letrado también indicó que era endeble la tesis de no haber sido notificados. “Hay una sentencia de conocimiento público, entonces está al tanto de ella”, dijo.

EL COMERCIO, 11 DE MAYO DE 2007.