HAY TRES COMISIONES DEL CONGRESO QUE INVESTIGAN AL CONCEJO METROPOLITANO.

JNA conflictiva y antigua relación.

Analistas sostienen que hay un claro interés político detrás de estas iniciativas.

Asuntos como el SAT y las revisiones técnicas ameritan investigación, otros no.

Cuándo fue el punto de quiebre en la relación de la Municipalidad de Lima y el Congreso? ¿Fue a cabo en marzo del 2004, cuando los congresistas Luis Guerrero y Jorge Chávez Sibina, ambos del Perú. Ahora presentaron un proyecto de ley para que los parques zonales retomaran a la administración de los distritos? ¿O quizá antes, cuando los parlamentarios Eittel Ramos, Carlos Armas y Michael Martínez presentaron una iniciativa legislativa buscando entregar el mercado de Santa Anita a quienes lo invadieron el 2002.

La Comisión de Defensa del Consumidor también comenzó a investigar el cobro de peajes.

Michael Martínez (GPDI) y Yonhy Lescano (AP) dicen que el Ministerio de Transportes debería administrar la red vial.

Desde 1986 Emape administra el peaje. “Nos quieren quitar esta atribución”, dicen los funcionarios de la Municipalidad de Lima.

Hay otros temas más importantes:

Los últimos días hemos visto un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y la Municipalidad de Lima. Se están nombrando comisiones para investigar las acciones que viene realizando el concejo metropolitano.

Si bien es cierto el Congreso puede, por mandato constitucional, iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público (para lo cual es obligatorio que los funcionarios investigados acudan a las comisiones encargadas de las investigaciones), nos preguntamos por qué no se fiscalizan las adquisiciones, las licitaciones, exoneraciones y otro tipo de procesos que lleva adelante el Poder Ejecutivo a través de sus diferentes sectores.

De estos procesos no se sabe nada hasta el momento. Ni siquiera se han iniciado las acciones de fiscalización sobre el particular.

Al parecer este empeño de  fiscalización es más un afán de protagonismo político que realmente una verdadera labor de fiscalización, porque en todo caso la misma acción lo puede hacer la Contraloría General de la República.

EL COMERCIO, NOVIEMBRE DEL 2005.