ELIMINACIÓN DE TASAS POR APELAR GENERARÍA AVALANCHA DE QUEJAS

Aunque el riesgo es mínimo ante el derecho ciudadano.

Proponen que entes públicos multen a quienes abusen de impugnaciones.

Incluso piden que  quienes se excedan sean quejados a su colegio profesional.

Cuando Ramón Salazar Yarlequé decidió recurrir en el 2000 al Poder Judicial para oponerse a los S/. 15,00 que le quería cobrar la Municipalidad de Surquillo, para que pudiera apelar la multa que le había impuesto dicha comuna, nunca pensó que iba a traerse abajo las tasas que cobran las entidades públicas para poder revisar sus propios fallos y resoluciones.

Seis años después, el Tribunal Constitucional no solo reconoció el derecho de apelar de Salazar Yarlequé sin tener que pagar nada,  sino además el derecho de todos los ciudadanos de recurrir en apelación, impugnación o reconsideración sin tener que pagar monto alguno. Sin embargo, tantos años demoró la justicia en resolver el caso de  Salazar que la cobranza de esa multa por haber presuntamente arrojado desmonte frente a  su casa- ya prescribió, pero además la comuna acaba de anulársela.

La resolución del tribunal Constitucional no solo afectará al Concejo de Surquillo, sino a otras 31 municipalidades de Lima y a diversas entidades administrativas del Poder Ejecutivo, como Pro Inversión, Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (Inacc), el Conasev, la ONPE, etc.

Por su parte, el especialista en derecho municipal Julio César Castiglioni, consideró que la resolución del Tribunal Constitucional podría originar una  avalancha de apelaciones o impugnaciones ahora que el ciudadano no tendrá que pagar ninguna tasa por interponerla.

Mientras el miembro del Tribunal Constitucional también reconoció la posibilidad de que los ciudadanos exceden en presentar impugnaciones a las decisiones administrativas.

Asimismo, Castiglioni propuso que otra sanción que podría imponerse sería la de comunicar a los colegios profesionales de aquellos que abusen de la presentación de impugnaciones, con el fin de que sus respectivas tribunales de ética puedan imponerles una sanción. Esta medida también recibió el respaldo de Landa.

EL COMERCIO, MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DEL 2006.