ALCALDES COMETEN DELITO AL PERMITIR EL EXCESO DE PROPAGANDA ELECTORAL.

Muchos se olvidaron de imponer el orden.

Según jurista, pueden ser denunciados por abuso de autoridad.

Hasta ahora solo los concejos de Lima y Magdalena han aplicado 5 multas.

Tal vez nunca veamos juntos en una mima foto a Fernando Olivera, Carlos Bruce, Marco Parra, Carlos Ferrero, Jaime Salinas y Javier Diez Canseco. Menos probable aun es que los veamos a todos ellos juntos en el mismo Congreso. Pero donde sí los podemos ver reunidos es en el óvalo Monitor, frente a la Universidad de Lima, en el límite entre Surco y La Molina.

Sin embargo, este aparente efecto “democratizador” conseguido con el desorden en que han sido colocados los paneles de propaganda electoral en Lima no es alentador, pues afecta el ornato de la ciudad y viola una serie de normas dadas por las propias municipalidades para regular esta práctica. No obstante, son pocas las comunas que están aplicando sus ordenanzas para sancionar a las agrupaciones que colocan sus carteles y hacen pintas donde quieren. Hasta ahora, solo cinco sanciones han sido impuestas: cuatro por el Concejo de Lima y una por el de Magdalena del Mar.

El código Penal señala que la autoridad que ilegalmente omite, retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa no mayor de dos años y con 30 a 60 días multa.

Según la ley de elecciones y algunas ordenanzas, está prohibido hacer pintas en predios públicos, muros, bermas y veredas. Incluso, colocar letreros en los cerros.

El especialista en derecho municipal, Julio César Castiglioni, también coincidió en señalar que si los alcaldes no hacen cumplir sus ordenanzas son pasibles de ser denunciados por el delito de abuso de autoridad en la modalidad de incumplimiento de deberes de función. Precisó que la intervención del Ministerio  Público podía hacerse de oficio (por iniciativa propia) sin necesidad de esperar una denuncia de algún vecino afectado.

Castiglioni también señalo que el derecho que reconoce la Constitución de poder participar en política no significa que se pueda incurrir en libertinaje. “Yo participo en la política del país los parámetros que establece la ley”, señaló.

EL COMERCIO, SÁBADO 4 DE MARZO DEL 2006