PROCESO DISCIPLINARIO A ONCE EX MAGISTRADOS

Once ex magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, procesados judicialmente por formar parte de la red de corrupción fujimontesinista  que manipuló la administración de justicia en el país en el decenio pasado, afrontan ahora un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

El presidente del Consejo de Ética del gremio, Julio César Castiglioni, informó que los procesados son el ex titular de la sala de Derecho Público, Sixto Muñoz; así como los ex magistrados  Percy  Escobar Lino, Víctor Hugo Salvatierra, Arquímedes Pesantes Kredert, Julia Eguía Dávalos, Hilda Valladares Alarcón, Alminda López Pizarro, Nicolás Trujillo López, Manuel Ruiz Cueto, Fernando Egas Contreras y Orestes Castellares Camac.

Tras la evaluación de los hechos - refirió-, se desprende que existen indicios suficientes de que los ex magistrados prestaron su concurso y colaboración en la ejecución de diversos actos irregulares planificados por Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

El Consejo de Ética del CAL sostiene, en su resolución, que los ex magistrados eran especialmente seleccionados para conocer los procesos que el gobierno de Alberto fujimori y el propio Montesinos tenían especial interés en resolver y que en su mayoría, terminaban exculpando a los responsables de acciones criminales.

En otros casos, se archivaban los expedientes no obstante la existencia de pruebas suficientes para formalizar la denuncia respectiva.

Castiglioni recordó que entre los principales casos en que se implicaron los procesados se encuentran el de interceptación telefónica, Popular y Porvenir, Lucchetti, persecución judicial contra el empresario Jaime Mur y la actual integrante del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo, entre otros.

El hombre de leyes afirmó que como abogados, y conforme lo disponen los estatutos del CAL y el Código de Ética de la institución, los ex magistrados estaban obligados moralmente a defender la independencia y autonomía del Poder Judicial, y denunciar el grave atentado contra el sistema democrático y la Constitución Política del Estado.

Sin embargo - sostuvo -, se integrarón a esta red de corrupción, contribuyendo a la manipulación de la administración de justicia.

Los procesados disponen de un plazo de 15 días para hacer sus descargos, aseveró.

EL PERUANO, LIMA, lunes 16 de setiembre del 2002.