ABOGADOS

Después de publicar una extensa relación de abogados presuntamente comprometidos con el fujimorato y su mafia (El Peruano, 6 de mayo del 2002) como corolario del mal comportamiento ético, moral y deontológico como profesionales del Derecho, hemos recibido cartas, unas de felicitación y otras aportando nombres y apellidos de abogados que deben darse a conocer y que involuntariamente, no incluimos. Esta labor profiláctica, obviamente, es una lógica consecuencia de la eficiente labor que realiza la Dirección de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima, que preside el doctor Julio César Castiglioni Ghiglino.

Los abogados que no mencionamos en esa oportunidad son: Estela Valdivia, Ignacio García Escudero, Luis García Corrochano, Javier Valle Riestra, Edgard Solís Cano, Ramiro de Valdivia Cano, Augusto Antoniolli, Sandro Fuentes, César Luna Victoria, Ludwing Meier Cornejo.

Algunas cartas insistieron en la responsabilidad que cae en los abogados y profesionales de Derecho como Fernando de Trazegnies Granda y Alberto Bustamante Belaunde, quienes deben ser expulsados del Colegio como lo fue recientemente Walter Hernández Canelo.

Lo mismo exigen repecto de la inefable congresista Martha Chavez Cossio, quien con la leguleyada de presentar certificado médico por enfermedad pretende burlar al pleno del Congreso para impedir que resuelva la acusación de que es objeto.

Finalmente, también deberá recaer responsabilidad moral y deontológica sobre los abogados que formaron la Comisión de Alto Nivel del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender lo indefendible por la clara y permanente violación de los derechos humanos por el fujimorato. Éstos son Alberto Bustamante, Edgardo Mosqueira, Milagros Maraví, Aníbal Quiroga, Luis García Corrochano y Rolando Izaguirre, quienes lucraron del erario nacional. De Trazegnies Granda debió denunciarlo y renunciar en su oportunidad. Hubiera ganado el reconocimiento de todos los abogados y de la Nación.

OPINIÓN, LIMA, 13 DE JUNIO DEL 2002.