LA CONTRALORÍA YA APUNTA A SUSANA VILLARÁN

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inició la jornada de ayer muy temprano con un desayuno con los niños trabajadores del Hogar de los Petisos.

Pero en ese momento la preocupación de Villarán no estaba precisamente en los niños ni en el desayuno, sino en intentar desmentir la denuncia hecha el jueves último por el regidor del PPC Alberto Valenzuela con respecto a presuntas irregularidades en la venta de 3 inmuebles de la Beneficencia de Lima Metropolitana a la Asociación de Comerciantes "La Zona".

"Tengo un fastidio muy grande", declaró la alcaldesa con su habitual sonrisa y explicó que el proceso de venta de los inmuebles se inició el 2006, cuando aún el municipio de Lima no tenía competencias sobre la Beneficencia.

"Eso estaba en el ámbito del Ministerio de la Mujer, y éste fue un proceso que se adjudicó, como dice la Ley Especial de Bienes, con la que se rige la Beneficencia de Lima, a los inquilinos en primer lugar", sostuvo tras agregar que no iba a permitir que manchen su honor.

Pero la principal defensa de Villarán estriba en un solo punto. "Los bienes no son de la Municipalidad, son de la Beneficencia", aseguró.

La alcaldesa sostuvo que si bien se transfirieron las competencias sobre la Beneficencia del Ministerio de la Mujer a la MML, precisó que sólo "se transfiere la responsabilidad, pero no el patrimonio".

Aunque inconvincente, sobre este punto se sostiene la cerrada defensa de la alcaldesa, algo que para el especialista en temas de gestión pública Julio César Castiglioni sólo responde a un intento de Villarán por jugar "con el desconocimiento de la gente".

NO ES ASÍ. Según Castiglioni, en la propia resolución emitida por la MML (Resolución de Alcaldía N°331) "la señora Villarán se descubre".

Castiglioni se refirió al quinto párrafo de la resolución, publicada en El Peruano, que señala que "para el caso específico de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros señala que su titular de pliego y ente rector es la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo cual debidamente concordado con el artículo 53 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, y la referida Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, conlleva a que sea la Alcaldía Metropolitana a la que le corresponde autorizar la transferencia de sus bienes inmuebles".

Con este párrafo, Castiglioni desbarata el principal argumento de defensa de la alcaldesa. "Si es una transferencia de competencias, y si estos bienes han pasado a la MML, entonces ya no son bienes de propiedad de la Beneficencia, son bienes de propiedad de la MML", explicó.

Siguiendo el razonamiento de Villarán, el experto preguntó: "Si los bienes son de la Beneficencia, como dice la alcaldesa, ¿entonces por qué ella emite una resolución?".

"Además, Villarán sostiene que esto fue aprobado por el directorio de la Beneficencia y vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿entonces para qué la señora emite la resolución de alcaldía si ella no tiene competencia?", cuestionó.

Agregó que si la Secretaría de Gestión Pública de la PCM establece que hay una transferencia de competencias y que le corresponde a la MML transferir los bienes, esto debe desarrollarse bajo el filtro de la Ley Orgánica de Municipalidades.

VACANCIA. En el artículo 59 de la referida norma se establece -según explicó Castiglioni- que toda transferencia tiene que ser por acuerdo del Concejo Metropolitano, bajo subasta pública y con el conocimiento de la Contraloría. Ninguno de estos requerimientos se cumplió.

Señaló además que se establecen 3 criterios para vacar a una autoridad: la celebración de un contrato irregular, la participación de la autoridad y el beneficio de la autoridad.

"Aquí hay 2 partes. Se ha celebrado un contrato plagado de causales de nulidad, por lo que se puede pedir la vacancia por infracción del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades", sostuvo.

Señaló además que el único punto en discusión, que tendría que ser evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es el referido a probar el interés o beneficio de la autoridad en la venta de los inmuebles. "Tranquilamente se podría pedir la vacancia, y eso sería cuestión de discutirse en el JNE", acotó.

LA DEJAN MAL. Pero si lo explicado por Castiglioni no fuera suficiente, el congresista de Alianza Parlamentaria Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que los bienes de la Beneficencia no pertenecen al Estado y, por tanto, no pueden ser vendidos.

"La Beneficencia tiene más de 500 propiedades en Lima, pero éstas han sido donadas para un fin específico; por lo tanto, no se pueden vender alegremente. La Beneficencia fue expropiada por Juan Velasco Alvarado y era manejada por privados, con fondos privados de gente que donó sus propiedades o dinero con ánimo de que eso sirva para obras determinadas", explicó.

Por ello, el legislador demandó a la alcaldesa a que, en lugar de respaldar la venta, la anule y encuentre a los responsables de esta irregularidad.

"Se debe formar una comisión investigadora para encontrar a los responsables de este latrocinio y dar marcha atrás cuanto antes", indicó.

FUAD SE PRONUNCIA. En ese contexto, y a pesar de la indignación de la alcaldesa, la Contraloría General de la República ya la puso en la mira y en los próximos días se abocará a investigar el caso.

Fue el propio contralor Fuad Khoury Zarzar quien durante su visita a Huancayo adelantó que ya solicitó a la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Lima un informe pormenorizado sobre el caso a fin de adoptar las acciones correctivas.

"He dictado las instructivas para que la OCI, en el tiempo más breve, me haga llegar un resumen ejecutivo de lo que está sucediendo para determinar las acciones. Como consecuencia del análisis de control, tengan por seguro que de existir irregularidad, se va a sancionar", comentó tras participar en la inauguración de la sede macrorregional de la Contraloría, con autoridad en las regiones Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco y Pasco.

"Hubo subasta previa"

La Asociación de Comerciantes "La Zona", que adquirió los 3 inmuebles de la Municipalidad de Lima, defendió ayer su posición y aseguró que no hubo subasta pública pero sí "subasta previa".

De forma contradictoria, también indicó que la compra-venta directa se hizo siguiendo los procedimientos del Decreto Supremo 007-2008 Vivienda, que autoriza "excepciones". También indicó que la Asociación de Comerciantes "La Zona" es una persona jurídica "sin fines de lucro".

Correo – 13 de agosto de 2011