EL CAOS DE LOS ALBITRIOS

Candidatos a la Alcaldía de Lima atacan al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cobros excesivos y embargos injustificados mantienen en vilo a los contribuyentes.

Quizá los peores recuerdos de la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio –sea reelegido o no –serán, los embargos efectuados a casas y negocios tributaria (SAT). Ya sus competidores en la campaña le han recordado estos “abusos”. Benedicto Jiménez (Apra) afirma que las institución es una “maquinaria de chantaje y extorsión”, mientras Humberto Lay (Restauración Nacional) sostiene que si gana la elección, desactivará el SAT.

Sin embargo, más allá de los entredichos, ¿qué debe hacer el sucesor de Castañeda (o él mismo) con el SAT? La respuesta del especialista en derecho municipal Julio César Castiglioni es una: reestructurarlo y hacer que se cumpla la ley. Durante los últimos años –recordaron- , el SAT ha cobrado deudas canceladas y prescritas o sin un respaldo legal. En palabras de Gutiérrez, sus operativos de cobros coactivos constituyeron “un inaceptable acoso tributario que, aunque en menor medida, el SAT sigue cometiendo”.

El SAT debe convertirse en un órgano eficiente y menos perseguidor, que aplique la Ley de Tributación Municipal y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), pero sin excesos”, opinó Castiglioni. El año pasado, tras los reclamos de los vecinos de Surco y Miraflores por los onerosos arbitrios que les cobraban, el TC fijó los criterios que se deben utilizar para establecer las tasas por limpieza pública, parques y jardines  y seguridad ciudadana (ver tenga en cuenta).

Por el contrario, Castiglioni alertó que la creación de dicha intendencia sería ilegal, pues atentaría contra la autonomía de las municipalidades. Consideró que las nuevas gestiones deben actualizar los catastros (registros de vivienda y población), que les proporcionarán datos precisos para determinar cuánto le corresponde pagar a cada vecino. La labor de control –opinó- debe continuar a cargo de la Contraloría General de la República.

PERÚ.21, AÑO DEL 2006.